Por Juan Pablo Plata
Denuncias de posibles “falsos positivos” y ejecuciones recientes.
Desde el 7 de agosto de 2026, con el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, han surgido denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, irregularidades en operativos militares y policiales, y uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. Estas alertas, sumadas a los retrasos en la restitución de tierras y a patrones de estigmatización de la población, exigen una respuesta firme de los entes de control, de la comunidad internacional y de todos aquellos que defienden los derechos humanos en Colombia y en el mundo. No se trata de negar la necesidad de combatir a los grupos armados ilegales, sino de exigir que esa lucha se realice dentro de la legalidad, con respeto a la vida de los civiles y sin repetir las tragedias del pasado. La política de seguridad del nuevo gobierno ha generado cuestionamientos serios. En octubre de 2026, durante una operación en Puerto Rico/Vista Hermosa (Meta), murió Yasmín Rodríguez, de 22 años y madre. El presidente y el Ejército la presentaron como integrante de las disidencias de las FARC; su familia y la comunidad sostienen que era una civil trabajadora sin vínculos con grupos armados. La oposición criticó el caso y pidió una investigación exhaustiva. Se trata de uno de varios hechos bajo escrutinio. En el bombardeo del 27 de agosto en Guaviare murieron menores reclutados. En operaciones de septiembre contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la zona de Santa Marta, se denunció al menos un caso —el de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez— como posible ejecución extrajudicial, según testimonios de familiares. Medios y organizaciones hablan de que “revive el fantasma de los falsos positivos”. Otras denuncias incluyen la muerte del campesino Luis Carlos Mojica en La Macarena (Meta) en septiembre; la de Keiner Banguera Mancilla, líder social en El Charco (Nariño); y el caso de Donovan Balanta en Soacha, donde los policías ya enfrentan capturas por homicidio y tortura. Organizaciones de derechos humanos y medios reportan patrones de estigmatización de civiles presentados como combatientes.
Restitución de tierras: incumplimientos y dificultades persistentes
Los problemas no se limitan a los operativos. Informes de la Contraloría de octubre de 2026 señalan la reforma agraria del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 como el mayor incumplimiento del gobierno anterior: apenas alrededor del 6 % de la meta de entrega de tierras (unas 90.608 hectáreas de 1,5 millones previstas), titulación individual cercana al 4,7 % y retrasos en compra y formalización. Al 7 de agosto de 2026 el cumplimiento general del Plan era bajo. Persisten dificultades para materializar las sentencias de restitución: invasiones de predios, problemas de orden público, complejidad en las rutas étnicas y colectivas, y dependencia de múltiples entidades. La Procuraduría llamó en octubre a fortalecer el cumplimiento de las órdenes judiciales, con especial énfasis en el enfoque étnico. Aunque se reportan restituciones concretas —más de 1.030 hectáreas a pueblos indígenas de la Sierra Nevada en meses recientes—, las comunidades expresan preocupación por títulos pendientes ante el cambio de gobierno.
Abusos de la fuerza pública en operativos y protestas.
Además de los casos mencionados, se han documentado denuncias de uso desproporcionado de la fuerza en protestas tras un decreto de octubre que modificó las reglas de movilización: tanquetas, gases y posibles disparos, según la ONG Temblores. Columnas y reportes critican el silencio presidencial ante algunas denuncias como posible señal de permisividad. En operativos en Meta, Magdalena, Nariño y Soacha se reportan malos tratos, torturas o ejecuciones bajo investigación. Los bombardeos con presencia de menores reclutados también preocupan: las cifras acumuladas desde 2022 superan los 70 casos, con varios en el actual gobierno. Un tribunal revocó restricciones más estrictas sobre las precauciones que debían adoptarse. Muchas de estas denuncias están en investigación o enfrentan versiones contradictorias entre las autoridades, las familias, las comunidades y las organizaciones de derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue centrada principalmente en los hechos del conflicto armado del pasado, donde ya documentó miles de casos de “falsos positivos”. Un llamado urgente: no a la repetición, no a la impunidad. Colombia conoce demasiado bien el costo de los falsos positivos, el abuso de las fuerzas armadas y no puede repertir nada de esto como si no hubiera JEP, memoria histórica y cambio de rumbo.